Mendoza necesita una Constitución innovadora

El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia, respecto a la acción de inconstitucionalidad planteada por los Intendentes frente al decreto 2010/18, deja al desnudo los esfuerzos que deben hacerse para interpretar los hechos actuales a la luz de una Constitución dictada en 1916.

En dicho fallo, los Ministros intentan resolver la constitucionalidad o no del decreto interpretando si el término “elector” se refiere técnicamente a “votantes” o “empadronados” y no encuentran -en el debate de la Convención Constituyente de 1916- ningún elemento que les permita dilucidarlo. 

En su dictamen, Fiscalía de Estado cita: “En aquella época el derecho electoral no tenía prácticamente desarrollo alguno como rama específica”. Por su parte, el presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares aclara (punto VII.2): “En la Convención sólo se discutió sobre el siguiente artículo (228 del proyecto)” y describe distintos antecedentes, deteniéndose en el fallo de la Sala I de la Suprema Corte Justicia “U.Ce.De. y otros”, dónde interpretó al término ”elector” como a los ciudadanos “empadronados” (punto VII.3).

La dificultad interpretativa terminó plasmada en el voto dividido de los Ministros de la Suprema Corte y sus diversas argumentaciones. Si bien, mayoritariamente, entienden a “electores” como “votantes” por razones hermenéuticas, antecedentes históricos o según el juez Mario Adaro porque asimilarlo a empadronados “resulta contra-democrático, pues importa contradecir el principio democrático por excelencia que consiste en la toma de decisiones mediante la regla de la mayoría”; los votos en disidencia terminan abandonando el esfuerzo interpretativo para justificar la inconstitucionalidad por otras razones. 

Sin dudas, la Constitución de 1916 -escrita por una elite intelectual- fue una norma de avanzada pero para su época. Estamos en un nuevo milenio y cuando se mira hacia atrás, es casi imposible imaginar aquella Mendoza de calles de tierra, con carrozas como medio de transporte urbano, sólo habitada por alrededor de 280.000 habitantes (mayoritariamente analfabetos), distribuidos en Municipios de organización incipiente, en la que nadie pensaba en los cambios climáticos o en la que el voto universal (expresado por los electores, sean “votantes” o “empadronados”) excluía las mujeres.

Estoy convencida que es hora de cuestionarnos si el diseño institucional del Estado y los principios que consagra nuestra Constitución son los que permiten prever escenarios futuros sobre nuestros recursos estratégicos, garantizar las demandas sociales, impulsar el desarrollo local empoderando los municipios con mayor autonomía o sentar bases de construcción democrática sobre esquemas de participación y deliberación que legitimen acciones políticas y garanticen mayor gobernabilidad.

Esta es la razón por la que decidimos abrir las puertas de la Legislatura; para escuchar y recibir los aportes de la ciudadanía, resumidos en 70 puntos de reforma. En las deliberaciones de los numerosos foros o asambleas pudimos ratificar el deseo de la sociedad de establecer un diseño equilibrado entre los poderes del Estado y de fortalecer organismos de control, dotándolos de mayor independencia. Fue la misma ciudadanía quien nos alertó sobre la necesidad de constituir una norma innovadora adecuada a nuestros tiempos que contemple principios de inclusión social, progreso económico, derecho a la identidad, respeto a la diversidad, igualdad y equidad de género, acceso a la información, ética pública, derechos económicos, sociales, ambientales y culturales; acompañadas con políticas públicas expresas para hacerlos exigibles y eficaces. Y fue la misma gente la que propuso que debía constitucionalizarse su responsabilidad en el cumplimiento de “deberes ciudadanos” en los procesos de participación, en el cuidado del ambiente y el agua y la necesidad de fortalecer al Estado con instrumentos concretos de participación, deliberación y control.

En la era de la comunicación y gestión de información, es un error enorme que los intereses reeleccionistas bloqueen permanentemente la gran oportunidad que tenemos de captar la experiencia individual y colectiva para traducirla en una Constitución que contenga y entusiasme a toda la ciudadanía. Es por ello, que quien Gobierna debe excluirse de su propia reelección al momento de tratar la ley que promueve la reforma, así de claro.

Es hora de constituir una norma innovadora que prevea las problemáticas presentes y futuras e integre la singularidad de cada mirada para poder enfrentar los grandes desafíos del mañana; es hora de alejar el debate de intereses mezquinos de poder circunstancial 

¡Es hora de avanzar!
 

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