No hay marcha atrás

Los derechos políticos y cívicos de las mujeres son de corta data y eso explica en parte porqué las inequidades en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales aún persisten, llegándose a manifestar incomprensiblemente en el ejercicio de violencia contra las mujeres. Baste mencionar que en el 2009 en Argentina tuvimos la necesidad de sancionar la ley 26.485 de protección integral, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres o que a nivel internacional en el 2015 la Organización de Naciones Unidas (ONU) haya fijado como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030), el Objetivo 5 de “igualdad de género”.

El 23 de setiembre se conmemora otro aniversario del voto femenino una conquista progresiva que se consolidó en 1947. En 1912 Argentina sanciona la ley de voto universal, secreto y obligatorio, en el que si bien las mujeres no estaban excluidas expresamente, a nadie se le hubiera ocurrido empadronarlas para ejercer el derecho político a votar. Baste citar que regía desde 1859 el Código Civil Argentino, en el que las mujeres casadas eran consideradas “incapaces relativas de hecho”, estaban equiparadas a niños en sus derechos civiles. El Código había establecido el régimen de autoridad familiar en el hombre, por lo que las mujeres casadas de aquel entonces, si bien habían avanzado porque se les permitía recibir la herencia de sus padres, que antes sólo recibían los hermanos varones, no podían administrarla, lo tenía que hacer su esposo, a pesar de que fueran sus bienes, no podían ni tan siquiera abrir una cuenta bancaria, tampoco tenían la patria potestad de sus hijos, mucho menos se iba a pensar que eran capaces de votar o de representar en una banca en el Congreso al 50% de la sociedad de la que eran parte.

Las discriminaciones a las que históricamente habían sido sometidas fue transformándose en el caldo de cultivo, para que a fines del siglo XIX naciera un amplio movimiento feminista a favor del voto femenino, que en Argentina se consolida en 1909 a partir de la formación del “Comité Pro-Sufragio Femenino” fundado por Alicia Moreau, Sara Justo, Julieta Lanteri, y Elvira Rawson, instalándose en el debate político bajo la presidencia de Hipólito Irigoyen cuando el Diputado Radical Rogelio Araya en 1919 presenta el primer proyecto de ley de voto femenino, que recién se haría realidad a nivel nacional en 1947 con la sanción de la ley 13010 bajo la presidencia de Juan D. Perón, cuando ya en algunas provincias como San Juan y Santa Fe algunas mujeres ejercían su derecho político a votar.

Sin embargo, la sanción de esta norma no significó, un gran avance de las mujeres en puestos de representación. En 1990 luego de 43 años de ejercer del derecho a voto, sólo ocupaban el 5% de las bancas en el Congreso y fue necesaria una ley de cupo femenino que contemplara que al menos el 30% de los lugares en las listas electorales debían ser reservados para mujeres y avanzar en nuestros días en una ley de paridad electoral para que creciera la representación de las mujeres en las bancas de Concejos Deliberantes, Legilsatura o en el Congreso.

Ni que hablar del escaso nivel de participación de la mujer en puestos de decisión en el Poder Ejecutivo, Judicial, en Sindicatos o empresas. No deja de ser llamativo que yo sea la primera Vicegobernadora Mujer de la historia de Mendoza y que sólo haya habido una mujer en la Suprema Corte de Justicia la Dra. Aida Kemelmajer y sólo una Intendenta Mujer Norma Trigo desde la sanción de nuestra Constitución en 1916.

La falta de representación política de las mujeres, no es inocua, se traduce en grandes brechas entre mujeres y hombres a la hora de igualar oportunidades en nuestra sociedad. Estoy convencida que la incorporación de la mujer en ámbitos de decisión en pie de igualdad, es parte medular del desarrollo cultural, social, humano, económico y político que permite integrar la sociedad y dignificar la vida de las personas.

Las Asambleas por la Equidad que llevamos adelante en la Legislatura en conjunto con los tres poderes del Estado, contribuyeron a reforzar mi convicción, fue el testimonio de innumerables mujeres el que puso luz en las sombras donde se movía -a su antojo- la violencia hacia las mujeres, como así también a las inequidades laborales y a la necesidad de seguir trabajando para erradicar patrones culturales y prácticas discriminatorias que deberían ser parte del pasado.

Las mujeres tienen en su haber un gran capital ético, social y humano que necesitamos cobre vigencia a través de políticas públicas y propuestas legislativas, sin intermediarios, las mujeres no deben ser interpretadas por hombres, deben ser ellas directamente las que expresen en una banca su perspectiva en la construcción de normas que regulan nuestra sociedad, quien más que ellas puede opinar sobre una ley que regule, por ejemplo, las licencias por maternidad y la necesidad de corresponsabilidad con el varón en las tareas de cuidado de los hijos o en el hogar.

Esta provincia, ejemplo de institucionalidad, tiene que seguir trabajando política y socialmente para que las mujeres compartan con los hombres el desafío de enfrentar, como iguales, la Mendoza futura. Sólo la ampliación efectiva de sus derechos y el respeto al ejercicio de su dignidad e integridad, nos permitirá gestar una sociedad, justa, sin violencia que integre amorosamente a toda la ciudadanía en paz. Hay que convencerse, que la conquista social de estos derechos son un camino de ida, en el que no hay marcha atrás.

Por Laura Montero

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *